EMILIO LEZAMA

DIRECTOR DE LOS HIJOS DE LA MALINCHE · CONSULTOR · ANALISTA DE MEDIOS Y POLÍTICA

Lo que el caso Escobar-Nieto nos dice sobre la corrupción del gobierno

El cinismo no conoce límite en la política mexicana. El nombramiento de Arturo Escobar como subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana fue una muestra más del desprecio que el gobierno federal tiene hacia la ciudadanía. La decisión tuvo una lógica orwelliana perversa: el presidente decidió que uno de los miembros más prominentes de un partido que se ha dedicado a incumplir las normas electorales era el indicado para hacerse cargo de la prevención ciudadana.

Pero además de una irreverencia absoluta, la decisión reveló un hecho innegable pero no por ello menos alarmante sobre nuestro sistema: Es tal la impunidad que protege al gobierno federal que les es más útil mantener una alianza con un partido pequeño y corrupto que con sus ciudadanos. Los del Partido Verde podrán recurrir a la presunción de inocencia, pero la imagen de Escobar con cientos de miles de pesos en un aeropuerto no necesita un juicio legal para ser interpretada por la ciudadanía. Forzado a elegir entre un partido dedicado al chantaje y su imagen pública, el gobierno federal prefirió lo primero, pues entiende que en un país donde el poder es tan vertical y la ley vive a la merced del poder, es más conveniente mantener tranquila a la cúpula política que a la población.

Lamentablemente, a pesar del evidente descaro en el nombramiento de Escobar, éste no sorprendió a nadie. Arturo Escobar es sólo un nombre más en una larga lista de designaciones dudosas que el gobierno federal ha hecho en los últimos años. A estas alturas estamos más acostumbrados a ver al gobierno premiar la corrupción que a castigar el delito. Por ello la ironía se cuenta sola: lo que sorprendió en el caso de Escobar no fue su nombramiento sino su destitución. Sobre todo porque la destitución fue producto de una investigación en su contra. Como en México la ley sólo aplica para los que han caído de la gracia presidencial, la lógica de investigar a un funcionario recién nombrado por el presidente quedó como un enigma incomprensible.

El caso de Escobar es extraño porque supone el funcionamiento adecuado de una institución gubernamental como la Fepade; un hecho que no tiene precedentes históricos. Que una autoridad actúe de acuerdo a las disposiciones de su trabajo en contra de los intereses del poder es prácticamente inusitado. No sólo por la vertiginosa estructura vertical del poder en México, sino porque hacerlo es un suicidio político. En una sociedad donde la justicia se ejecuta de manera discrecional por parte del poder ejecutivo, cualquiera que no se someta a sus normas de corrupción es un posible infractor.

Tras la confusión inicial que suscitó el caso de Arturo Escobar, ya empiezan a salir aparentes respuestas. El Partido Verde ha acusado al fiscal de la Fepade, Santiago Nieto Castillo, de un supuesto conflicto de intereses por haber sido asesor del PRD. A su acusación se ha sumado la del Presidente del PRI, Manlio Fabio Beltrones. Que el Partido Verde y Beltrones acusen a alguien de “conflicto de intereses” parecería alcanzar los límites del cinismo. Nuevamente el PRI y el PVEM se pueden dar el lujo de estas acusaciones porque se saben amparados por la impunidad más absoluta. Lo que es evidente es que, independientemente, de las motivaciones detrás de la investigación de la Fepade, estas han dado en el clavo: Arturo Escobar y el Partido Verde han dedicado su carrera política a extorsionar y corromper el sistema electoral mexicano. Destituir a un funcionario del Verde es sólo un pequeño paso en una larga lista de pendientes que tiene la justicia electoral con la ciudadanía.

Ante ello, la alianza en el poder (PRI-PVEM) ha reaccionado como suele hacer: construyendo una contranarrativa que busca diluir la atención pública, o al menos enfocarla sobre otro tema. La estrategia ha sido exitosa en la medida en que la prensa ha sido cómplice. Han logrado transformar la noticia de un funcionario fraudulento en una de un juez en conflicto de intereses. No hay duda que en esta historia, el escándalo mayor es la posible corrupción de un funcionario elegido por el presidente para prevenir la corrupción. Sin embargo, en una maniobra política del cinismo y del descaro, el PRI-PVEM han convertido al juez en acusado.

Para los ciudadanos esto no es más que una reiteración ominosa de la deplorable condición de la política en México. El tema ha llegado a sus límites: los mismos que no tuvieron reparos en linchar a Ebrard sin juicio, claman ahora la importancia de la presunción de inocencia. Los mismos que se negaron a investigar el conflicto de intereses de Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray ahora piden se remueva a un fiscal por esa misma razón. Los mismos que aplaudieron la institucionalidad de incluir a Escobar en el gobierno ahora cuestionan la decisión del fiscal de la Fepade. No me atrevería a defender a Nieto Castillo, lo que si sé es que en un conflicto político en México, el que cumple la ley tiene todas las de perder. En un mundo de corruptos, el honesto es delincuente.